Recientemente, el gobierno confirmó que el programa Potenciar Trabajo dejará de existir y será reemplazado por dos planes: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. La ministra del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello aseguró que: “Potenciar Trabajo fue un plan ineficaz donde de 1.400.000 beneficiarios apenas el 1.3% consiguió un empleo formal”.

Volver al Trabajo tiene como finalidad desarrollar y consolidar las competencias sociolaborales de sus beneficiarios para que tengan más posibilidades de acceder a un empleo. Los beneficiarios que integran este plan deben tener de 18 a 49 años.

Un aspecto innovador de este plan social es que permite a los beneficiarios compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos y Móviles (SMVM), es decir, que aunque mantengan un ingreso mensual de hasta 540.000, pueden recibir la ayuda social.

Por otro lado, el Acompañamiento Social está centrado en mayores de 50 años y en madres de cuatro o más hijos, dos grupos que son desafíos particulares en términos de inclusión y que requieren un apoyo integral. Además, quienes integren este programa pueden solicitar ingresar al plan Volver al Trabajo.

Según la cartelera que conduce Pettovello la finalidad de este plan es: “promover la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social, apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en donde viven”.

No más presencialidad para acceder al Acompañamiento Social y Volver al Trabajo

Los beneficiarios de ambos programas acceden de forma directa y sin la necesidad de realizar trámites adicionales. Para evitar la intermediación, Capital Humano tomó distintas medidas. Una es que “los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional”.

Además, se dispuso la eliminación de planillas de asistencia. El gobierno retiró la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión, con la finalidad de disminuir la influencia y la posibilidad de control sobre los beneficiarios.